¿No que muy valientes?

El coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, ya le pidió al Presidente que el incremento gradual de la gasolina comience en enero y no en octubre.
¿Por qué se lo piden al Presidente, si los legisladores aprobaron el monto y los tiempos del incremento?
Porque, dice Gamboa, los diputados del PRI no habían leído que la modificación a las tarifas se inicia el lunes de la siguiente semana.

Admiten que no leen ni lo que dictaminan y votan, aun en temas tan relevantes como es el alza de precios en los productos monopolizados por el Estado.
Ese incremento va a ser, al final del proceso, de cinco por ciento. Y no va a mejorar las finanzas de la Federación, sino ayudará un poco a las de los gobiernos estatales y el del Distrito Federal.
¿Valdrá la pena? No tanto. Como tampoco va a servir de mucho la reforma fiscal aprobada en el

Congreso: apenas un punto del PIB, y eso a finales del sexenio.
La realidad nos va a alcanzar. Cuando se deterioren las finanzas públicas de manera ostensible, lo que ocurrirá en el actual sexenio, va a tener que ampliarse el déficit (contratar más deuda) y recortar el gasto público. Regresar a la época de las tijeras, pues.
Ante esa situación no habrá más remedio que una reforma fiscal de emergencia, sin anestesia, a mata caballo, con costos sociales mucho mayores que cuando debió hacerse, de manera planeada y gradual.

A eso le tira López Obrador. Arrinconar a los legisladores de su partido y chantajear verbalmente a los del PRI, para evitar soluciones de fondo a la crisis que se avecina.
Con una crisis, López Obrador está del otro lado. Ahí sí gana. Le bastaría tener como frase de campaña: "se los dije".

No anda tan perdido. Es una realidad y hay que decirlo hasta el cansancio: los ingresos por exportaciones de petróleo van a la baja y eso va a deteriorar muy pronto las finanzas públicas.
De hecho, el próximo año no tendremos superávit en la balanza de hidrocarburos.
Vamos a exportar, en 2008, unos 26 mil millones de dólares en petróleo crudo e importaremos una cifra similar de gas y productos refinados.

Ante ese panorama resulta absurdo lo que propone López Obrador: bajar el precio de las gasolinas y dar más baratos todos los combustibles.
Se nos acaba el petróleo, los precios están por las nubes como nunca en la historia y el líder del PRD se avienta la puntada de que hay que bajar los precios: malbaratar aún más la menguante riqueza nacional.

Pero él no tiene la responsabilidad de gobernar, en el Ejecutivo o en el Congreso. Está en campaña presidencial desde ahora sin que haya ley alguna que se lo prohíba.
Lo más sensato sería no hacerle caso, pero los diputados y los senadores del PRI y los del PRD tiemblan cuando habla López Obrador en contra de "los inútiles del Congreso" y convoca, como lo ha hecho, a reventar el alza a las gasolinas.
A ver si ahora, en un rapto de valentía como el que tuvieron con la reforma electoral, los legisladores aprovechan la inspiración para de una vez por todas poner un impuesto parejo al consumo.

Ellos lo saben: no hay más remedio para las finanzas públicas del país que poner un IVA generalizado, sin exenciones ni tasas cero.
¿Por qué no se atreven? ¿No que muy valientes?

La OCDE, basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que realiza el INEGI, apunta que los dos deciles más ricos de la población capturan 35% del subsidio que representan las exenciones y la tasa cero del IVA.
En contraste, los dos deciles más pobres de la población mexicana obtienen menos de 10% de este subsidio.

Si se pone IVA parejo y se quitan exenciones y tasa cero, agrega la OCDE, más de la mitad de los ingresos adicionales serían pagados por los tres deciles más ricos de la población.

A la población de menores ingresos se le podría diseñar una política transparente de subsidios y dejar fuera del IVA una canasta básica de alimentos de consumo popular. Con eso se soluciona gran parte de la debilidad de las finanzas públicas.
Pero los diputados y los senadores rehúyen enfrentar la realidad y nos llevan a una crisis de fin de sexenio donde el perdedor será el país y todos sus habitantes.

Menos uno.