¿Movimientos necesarios?

Yo soy de los que creen que los consejeros electorales sean inamovibles. Quizás es necesario renovar a algunos o a varios o a todos los consejeros. Pero ello no puede darse por un golpe de fuerza, una decisión política partidaria que vulnere la autonomía del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la suerte parece estar echada para los consejeros del IFE, comenzando por su presidente, Luis Carlos Ugalde. Si bien al momento de escribir estas líneas todavía persistían los desacuerdos sobre cómo operar el reemplazo de los consejeros, las posiciones del PRI y el PRD han enarbolado una tesis intransigente con respecto a la exigencia de que todos sean removidos de sus cargos, mientras que el PAN ha apoyado la de una remoción paulatina de ellos.

Pero los mensajes allí están: en el contexto del Informe presidencial metió las manos por ellos. La imagen de Luis Carlos Ugalde prácticamente solo en Palacio Nacional, sentado junto a una Ivonne Ortega que ni siquiera intentó platicar con él durante toda la mañana, o la fría despedida del presidente Calderón, fueron más significativas que cualquier comunicado. La suerte está echada, aunque las formas aún deben ser procesadas con mayor detalle, por una simple cuestión: legalmente, la remoción de los consejeros es problemática y la misma puede conllevar el mensaje de que el propio gobierno es producto de una elección ilegítima.

Es verdad que Ugalde, en este contexto, se ha equivocado con sus declaraciones y en vez de ampliarlo, cerró el espacio de negociación. Su defensa, justa, de la autonomía del Instituto y de la inamovilidad de sus integrantes, ha sido conscientemente confundida con una defensa de su posición al frente del IFE. El viernes pasado, en una mesa en México Confidencial, por Cadena Tres, con los senadores Arturo Núñez, del PRD, y Jesús Murillo Karam, del PRI, ambos coincidían en que la remoción de los consejeros es una condición indispensable para ir a 2009 con mayores acuerdos y un árbitro respetado por todos. Tanto Murillo Karam como Núñez dijeron que esa remoción, independientemente de sus opiniones sobre los comicios de 2006, no debería interpretarse como una ilegitimidad de origen del gobierno de Felipe Calderón. Núñez fue enfático: el problema, dijo, no es que los jugadores expulsen al árbitro, sino que cuando el árbitro no tiene la confianza de los jugadores éste debe ser reemplazado. No me queda claro que esa posición, que abre un margen importante de negociación, sea finalmente asumida por sus respectivos partidos, pero ese espacio genera la posibilidad de que se procesen cambios entre los integrantes del Consejo, sin que ello implique su remoción o despido.

La suerte del Consejo se ha dificultado aún más porque la lista de quienes se sienten insatisfechos son muchos: el PRD necesita un chivo expiatorio por su fracaso en las elecciones y la salida de los consejeros es una coartada para justificar, aunque sea en términos declarativos, el mismo. Y de paso le proporciona a López Obrador un argumento con el fin de mantener su campaña. El PRI quiere exorcizar a Elba Esther Gordillo y la salida de los consejeros sirve con ese fin. En el PAN han decidido que no tienen un compromiso tan alto con ellos como para jugar la carta de su defensa. En algunos círculos del gobierno no son pocos quienes consideran que Ugalde y los consejeros se echaron para atrás la noche del 2 de julio cuando los conteos rápidos mostraban una ligera ventaja de Calderón y el consejero presidente decidió no dar resultados, lo que propició el conflicto poselectoral.

Sumemos a todo ello el que son también muchos, más de lo que algunos creen, los analistas y los especialistas en temas electorales que han descubierto que quizás ellos puedan ocupar durante los próximos nueve años esas posiciones que quedarán vacantes (una suerte de propuesta indecorosa que los partidos han sembrado entre varias personalidades, para neutralizar las críticas a su decisión y que, como era previsible, ha tenido muy buena recepción por varios interesados) y el escenario está puesto para una remoción de consejeros sin demasiados costos mediáticos.

El problema es político y de principios. La piedra de toque de la reforma electoral es la salida de los consejeros. La gran mayoría de los otros capítulos que la integran son compartibles y muchos de ellos beneficiosos pero, entonces, parecen decirnos los partidos, deberán pagar el costo de cambiar el Consejo, lo cual quitará el último escollo a la normalización política y electoral.

¿Será así? ¿Alguien cree que con un nuevo Consejo se normalizará la vida política y electoral? ¿Que se comenzará a ver el futuro para no revisar el pasado? ¿Que no se repetirá la historia de 2006 luego de los comicios de 2009 y 2012? ¿Que los nuevos consejeros se mantendrán absolutamente independientes y autónomos y no habrán aprendido la lección de que si hacen enojar a los partidos, o a algunos de ellos, pueden perder su cargo en la próxima oportunidad? ¿Alguien puede garantizar que los vetos no surtan efecto como con la última renovación del Consejo, que descartó a muchos de los principales prospectos? ¿Alguien puede asegurar que si la correlación interna de fuerzas dentro de cualquiera de los partidos cambia en los próximos años no cambiará la simpatía de los mismos por los integrantes del Consejo?

Ahí está el punto de conflicto. Claro que podría darse un cambio de consejeros y ello podría ser parte de una negociación más amplia. Pero la diferencia entre renovación y remoción es mucha. Entre reformar y castigar, también. Entre mirar hacia el futuro y vengarse por hechos del pasado es aún más amplia. Hay tiempo y posibilidades para que la reforma electoral, con todo lo que ella implica, pueda procesarse sin vulnerar las formas, para que sea un avance y no un retroceso.

Jorge Fernández Menéndez